Muchos activistas
medioambientalistas e indigenistas en Amazonas quizás hayan deseado en
algún momento la desaparición de Dilma Rousseff, tras su fuerte apuesta
por llevar a cabo megaproyectos de infraestructuras, minería y energía
en la selva más importante del planeta.
Las grandes presas
hidroeléctricas de Belo Monte y del río Tapajós eran elementos clave del
Programa de Crecimiento Acelerado ideado por el Partido de los
Trabajadores (PT) y constructoras allegadas, como Odebrecht o Andrade
Gutiérrez, para modernizar la economía y combatir la pobreza. Pero eran
una amenaza existencial para pueblos como los mundurukú o las 14 etnias
que residen en las orillas del río Xingú. Asimismo, las enormes minas de
hierro a cielo abierto de empresas gigantes como Vale, respaldada por
los bancos públicos del modelo de economía dirigida del PT, ya han
contaminado irreversiblemente el río Doce y pueden hacer lo mismo con el
Amazonas.
Por si no bastaran las megaobras en la selva, el
Gobierno del PT dio luz verde a la construcción de un estadio de fútbol
en Manaos para el Mundial del 2014 con un aforo de 44.000 personas en
una ciudad que no tiene un club de fútbol importante. Presupuesto: 300
millones de euros. Andrade Gutiérrez ha reconocido este año que pagó
sobornos en la licitación de la obra.
No era lo que se esperaba
en Amazonas de un partido fundado hace 36 años bajo los principios de
igualdad y ascetismo marxista con la participación del mítico Chico
Mendes.
Pero ante la ya inminente destitución de la presidenta de
Brasil y su sustitución por Michel Temer, el líder del oportunista
Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), se empieza a
recordar aquella advertencia: ten cuidado con lo que deseas porque se
puede hacer realidad. Todo indica que el PMDB, conocido como el partido
en alquiler en Brasil, será mas receptivo aún a los intereses en
Amazonas de las empresas mineras, energéticas, constructoras y
agroindustriales, aunque esta vez haya más extranjeras y menos
brasileñas.
Jairo Saw, líder de los mundurukú, cuyo territorio de
178.000 hectáreas no ha sido reconocido oficialmente y será
parcialmente inundado si se construye la gran presa del río Tapajós,
resumió el dilema: “Ocupamos Belo Monte y luchamos aquí para que el
Gobierno cumpliese la Constitución, porque el pueblo estaba sufriendo un
desastre ecológico”, dijo en una entrevista. “Pero yo no me siento
feliz con la salida de Dilma. Temer será peor porque apoya leyes como la
de la minería”, añadió en referencia a un proyecto de ley presentado
por un congresista del PMDB que debilitará el control estatal sobre las
inversiones mineras.
Paradójicamente, la crisis del Gobierno del
PT y el encarcelamiento de los directores de las grandes constructoras
investigadas en el caso Lava Jato han paralizado muchas de las obras en
Amazonas. Ahora, en cambio, hay motivos para pensar que un gobierno
mucho más querido en Wall Street y en las sedes de las corporaciones
multinacionales de EE.UU. y Europa puede abrir las puertas a nuevas
inversiones.
Es más, el llamado grupo ruralista en el Congreso,
que ha defendido la destitución de Rousseff, pretende restringir el
derecho de los indígenas a proteger sus territorios frente a las
actividades de extracción minera, ganadera y maderera, así como cultivos
comerciales como la soja y el palmito. Según la revista Carta Capital,
estos congresistas hasta han pedido a Temer que restablezca la normativa
de la antigua junta militar que permite al ejército intervenir en los
conflictos rurales. “Es un Congreso completamente antiindígena, dominado
por el monocultivo y el agronegocio”, dijo João Pedro Gonçalves,
presidente de la Fundación Nacional del Indio, el organismo federal que
vela por los derechos indígenas, en la citada revista.
La
paradoja para los indígenas de Amazonas es aún mayor porque Dilma
finalmente empezaba a responder a sus reivindicaciones. Tras negarse a
reconocer nuevos territorios indígenas entre el 2013 y el 2014, el
Gobierno ha ratificado seis tierras indígenas en el último año, entre
ellas las de la histórica tribu arara, que se veía amenazada por las
obras de Belo Monte, aunque no las de los mundurukú.
Los
científicos de los institutos medioambientales de Manaos sienten el
mismo pavor ante el nuevo gobierno que los mundurukú. “Dilma ha hecho
una política económica cruel aquí que ha acelerado la deforestación,
pero lo que está ocurriendo es un golpe de Estado”, dice Maria Aparecida
de Freitas, bióloga que investiga sobre la biodiversidad para el
Instituto Nacional de Investigación sobre Amazonia. En Manaos, explica,
las manifestaciones en contra de la destitución de Dilma han sido más
grandes que las que la pedían.
Los nombres que se barajan para
los ministerios no son reconfortantes. “Yo llevo un año esperando
financiación para la siguiente fase de mi investigación sobre la
biodiversidad y ahora veo que mi futuro aquí puede depender de un pastor
evangélico”, señala en referencia al posible nombramiento de un pastor
evangélico, Marcos Pereira, como ministro de Ciencia y Tecnología. La
derecha evangélica, creacionista, ha sido un componente muy importante
del movimiento a favor del impeachment.
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